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La plusvalía municipal y el Tribunal Constitucional

La plusvalía municipal y el Tribunal Constitucional

El TC declara inconstitucional, en reciente Sentencia, ha anulado el pago de la plusvalía en ventas de viviendas con pérdidas.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en las ventas de viviendas con pérdidas, por lo que el propietario que venda su casa por menos dinero de lo que pagó al adquirirlo no tendrá que abonar este tributo.

El Alto Tribunal considera que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo” computable entre un año como mínimo y 20 años como máximo.

Por ello, según la sentencia del Constitucional, actualmente el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo.

Esta circunstancia, según el Tribunal Constitucional, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica”.

La sentencia añade que basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se vincule a esta circunstancia, “como consecuencia inseparable e irrefutable”, un incremento de valor sometido a tributación.

Esto se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo de la cantidad real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.

El Alto Tribunal declara la inconstitucionalidad y la nulidad de esta ley “solo en la medida en la que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

Desde la publicación de esta sentencia corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de “no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

La sentencia del Constitucional avala lo que establecieron las sentencias referidas a este mismo gravamen en Guipúzcoa y Álava, en las que el tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos con plusvalías es “constitucionalmente admisible siempre y cuando respeten el principio de capacidad económica”.

Asimismo, señala que para salvaguardar dicho principio, el impuesto “no puede en ningún caso gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

550.000 VIVIENDAS PUEDEN PEDIR LA PLUSVALÍA.

El número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a 550.000 inmuebles, según cálculos realizados por Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio de la vivienda (índice IMIE) y de datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.

En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto. La estimación tiene en cuenta el número de transmisiones de viviendas realizadas en España entre 2013 y 2016 (los últimos cuatro años no prescritos), así como el periodo medio que los inmuebles han estado en manos de sus propietarios.

La plusvalía municipal grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años.

Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto se tiene en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado.

Aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, la sentencia extiende la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos.

Por tanto, al estimar la cuestión de inconstitucionalidad, declara que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Reducción del valor catastral por los Ayuntamientos

La sentencia indica que no es óbice a la declaración de inconstitucionalidad el hecho de que los ayuntamientos adopten la reducción del valor catastral hasta un 60 por ciento durante los cinco años siguientes a su revisión, o la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales.

Sin embargo, no sólo en aquellos supuestos en los que los Ayuntamientos no hayan previsto aquella reducción no quedaría sanada la situación que se considera inconstitucional, sino que también en aquellos otros en los que eventualmente hubieran podido prever la citada reducción, lo único que se estaría consiguiendo, caso de no estimarse un incremento, sería aminorar su importe, pero no evitarlo, lo que en modo alguno sanaría la vulneración del principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

En cuanto a la posibilidad de actualización de los valores catastrales, es cierto que se conseguiría eventualmente una reducción del importe del tributo; el legislador estatal teniendo en cuenta las circunstancias del mercado inmobiliario por la crisis económica introdujo desde el año 2014 la posibilidad de aplicar unos coeficientes de actualización del valor catastral que también sirven para reducir su valor.

Continúa razonando la Sala que aunque no cabe duda de que la actualización de aquel valor, cuando lo sea a la baja, mediante la aplicación del coeficiente previsto en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado (en el caso de que el Ayuntamiento lo haya solicitado a la Dirección General del Catastro), provocará como consecuencia inmediata la reducción de la base imponible (incremento de valor) en el impuesto controvertido, sin embargo, la reducción del incremento imputable al obligado tributario, en el supuesto de no estimarse un incremento, nuevamente solo serviría para minorar su importe, pero no para evitarlo, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

Plazo de la Reclamación y Cómo ejercerla

Nuestro despacho recomienda que aunque la sentencia del TC no indica cómo demostrar la existencia de minusvalía, recomienda demostrar la venta a pérdida mediante las escrituras de compraventa o de adjudicación de herencia.

Además, recuerda que la posible nulidad afecta sólo a las compra-ventas o herencias producidas en los últimos cuatro años, de forma que «desgraciadamente, más allá de los cuatro años, se aplicará el plazo de prescripción».

De esta forma, aconseja a los afectados que acudan primero a sus ayuntamientos para que reclamen los ingresos indebidos cobrados por ellos. En caso de negativa administrativa, recomienda acudir a la vía contencioso-administrativa.

Desde nuestro Despacho estamos especializados en este tipo de reclamaciones pídanos presupuesto sin compromiso y estudiaremos su caso.

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